Amplio debate promete apertura en discusión de nueva ley sobre libertad de prensa en República Dominicana
Santo Domingo, 6 de mayo de 2025.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que “todos los sectores involucrados” serán escuchados en el proceso de discusión del nuevo proyecto de ley sobre libertad de prensa y regulación de medios, sometido por el Poder Ejecutivo. La propuesta busca actualizar la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962.
Durante la sesión legislativa del martes, el proyecto fue enviado a una comisión especial que establecerá un cronograma de trabajo con vistas a un análisis profundo del documento, el cual ha generado opiniones encontradas en diversos sectores de la sociedad.
“Le damos plena garantía a todos los sectores de la sociedad, y muy específicamente a las redes sociales, de que serán escuchados”, expresó De los Santos, destacando que las puertas del Congreso están abiertas para todos los aportes que enriquezcan la discusión. Además, se contempla la posibilidad de realizar vistas públicas como parte del proceso participativo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, enfatizó la importancia de que la legislación garantice el derecho a la información sin comprometer la libertad de expresión. Reconoció, no obstante, que es necesario establecer ciertos marcos regulatorios que protejan a la ciudadanía y a los medios.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Diarios, la cual subrayó que la propuesta fue resultado de más de dos años de trabajo conjunto entre sectores periodísticos, jurídicos y gubernamentales. Sin embargo, entidades como Participación Ciudadana y reconocidos analistas han manifestado su preocupación ante lo que consideran una posible «ley mordaza» si no se garantiza una protección efectiva a la libertad de prensa.
En un contexto marcado por el auge de las redes sociales y la rápida difusión de información, el país se encuentra en un momento decisivo. El reto será armonizar la regulación con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos, evitando improvisaciones que limiten el ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a estar informado.
