Por: Néstor J. Saldívar
Migrar a los Estados Unidos es un sueño legítimo para millones de personas en todo el mundo. Pero junto con ese sueño existe también una advertencia que hoy adquiere un peso renovado: el fraude migratorio no tiene cabida, y la falsificación de datos o la mentira en un proceso puede costar mucho más que la deportación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha emitido nuevas directrices que refuerzan la vigilancia y endurecen las consecuencias para quienes pretendan obtener ventajas migratorias utilizando declaraciones falsas de ciudadanía estadounidense.
Desde 1996, con la reforma conocida como IIRIRA, el Congreso estableció en la ley de inmigración una causal específica de inadmisibilidad: quien se declare ciudadano estadounidense de manera falsa para obtener un beneficio bajo la ley migratoria o cualquier otra ley federal o estatal quedará marcado como inadmisible de manera permanente. Esto significa que no podrá ajustar estatus, ni regularizar su situación, ni acceder a beneficios migratorios en el futuro. Con las actualizaciones recientes del manual de políticas de USCIS, este terreno se ha vuelto aún más estricto.
Un punto clave es el precedente de la Junta de Apelaciones de Inmigración en el caso Zhang del año 2019. En esa decisión, se dejó claro que ya no es necesario probar que la persona actuó con plena conciencia o intención de engañar. Basta con que la declaración falsa haya ocurrido. Esto deja sin efecto defensas tradicionales como alegar desconocimiento del idioma, falta de entendimiento o ausencia de capacidad legal para comprender la gravedad de lo afirmado.
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En la práctica, esto implica que situaciones que muchos considerarían errores menores pueden convertirse en barreras insalvables. Imaginemos a un joven indocumentado que, al llenar un formulario de empleo I-9, marca la casilla de “ciudadano americano” porque le resulta más sencillo y cree que no habrá consecuencias. Ese simple gesto puede convertirse en la razón definitiva para que, años después, cuando tenga la oportunidad de casarse con un ciudadano estadounidense y solicitar la residencia, su caso sea denegado de manera automática y permanente.
Otro ejemplo lo encontramos en los préstamos estudiantiles federales. Solo ciudadanos y residentes permanentes tienen derecho a solicitarlos. Si un extranjero, para acceder a esos fondos, marca la opción de ciudadano estadounidense en un formulario, habrá cometido una falsa declaración. Aunque en su momento consiga el beneficio, tarde o temprano la mentira saldrá a la luz y las consecuencias serán devastadoras: la inadmisibilidad perpetua bajo la sección 212(a)(6)(C)(ii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Incluso una afirmación verbal puede ser suficiente. Pensemos en alguien detenido por una infracción de tránsito que, temiendo ser entregado a las autoridades migratorias, asegura al oficial que es ciudadano estadounidense. Si esa declaración queda registrada, aun sin papeles escritos de por medio, la consecuencia puede ser la misma: el cierre definitivo de toda posibilidad migratoria legal.
USCIS ha sido claro en señalar que al evaluar los casos se tomarán en cuenta factores como la edad, el nivel de conocimiento y la capacidad mental de la persona. Esto significa que un menor de edad o alguien con limitaciones cognitivas podría ser considerado de manera distinta a un adulto plenamente consciente. Pero se trata de situaciones excepcionales y muy difíciles de probar. En la gran mayoría de los casos, la declaración falsa, aunque se alegue confusión o desconocimiento, será suficiente para activar la sanción más severa.
Las excepciones son mínimas. La ley contempla un espacio muy estrecho para ciertos extranjeros que residían permanentemente en Estados Unidos antes de cumplir 16 años y cuyos padres eran ciudadanos estadounidenses. Fuera de ese marco, prácticamente no existen perdones ni exenciones. En otras palabras, quien cae en esta falta se enfrenta a una puerta cerrada sin llave.
El mensaje de USCIS es contundente. Además de fortalecer los filtros internos de verificación, la agencia ha anunciado campañas para educar tanto a migrantes como al público en general sobre los riesgos y consecuencias del fraude. Se busca prevenir que alguien crea que puede “atajar caminos” con un documento alterado, una declaración engañosa o una marca equivocada en un formulario. Porque lo que tal vez parezca una salida fácil hoy puede convertirse en una condena migratoria de por vida.
La reflexión es inevitable. En tiempos donde los procesos migratorios hacia Estados Unidos se endurecen y las oportunidades se reducen, la única estrategia segura es la honestidad absoluta. Mentir no solo implica el riesgo de una deportación, sino la posibilidad de quedar inhabilitado para siempre. Un pasaporte falso, un formulario mal llenado o una declaración verbal apresurada pueden arruinar un futuro entero en el país que muchos sueñan llamar hogar.
Quien busca emigrar debe hacerlo dentro del marco de la ley, con paciencia, con asesoría adecuada y sin ceder a la tentación de las falsas soluciones. Porque en materia migratoria, lo falso no solo se descubre, sino que también se paga. Y se paga caro, con el precio más alto: el cierre definitivo de las puertas a Estados Unidos.
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