Por: Néstor Saldívar
En agosto de 2025 salió a la luz un memorando fechado en mayo del mismo año en el que el Departamento de Seguridad Nacional delega al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos facultades que tradicionalmente estaban asociadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. Esta delegación, contenida en la llamada “Delegation 15006”, amplía de manera significativa el alcance operativo de USCIS, con implicaciones directas en los procesos migratorios y en la percepción que la comunidad migrante tiene de la agencia.
El documento establece que el director de USCIS, así como otros funcionarios designados, podrán ejercer funciones de investigación, arresto, detención y remoción acelerada en casos que involucren violaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La delegación incluye la capacidad de expedir y ejecutar órdenes judiciales y de recomendar procesamientos penales o civiles. En la práctica, esto significa que durante el trámite de un beneficio migratorio, USCIS podría no solo evaluar la elegibilidad del solicitante, sino también actuar como una autoridad de aplicación de la ley en situaciones específicas.
Entre las facultades que el Departamento de Seguridad Nacional transfiere a USCIS están la investigación de violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración, la emisión y ejecución de órdenes judiciales relacionadas con casos migratorios, la ejecución de remociones aceleradas en los términos permitidos por la ley y el arresto y detención de personas cuando existan motivos fundados para creer que han cometido infracciones migratorias graves o delitos relacionados.
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Esta delegación responde, en apariencia, a una estrategia para agilizar y reforzar la aplicación de las leyes de inmigración, cerrando vacíos operativos entre agencias. Al dotar a USCIS de estas facultades, el Departamento de Seguridad Nacional busca que la misma entidad que procesa las solicitudes pueda actuar de forma inmediata cuando detecta fraude, tergiversaciones materiales u otras conductas que afecten la integridad del sistema migratorio. Esto también puede interpretarse como un movimiento para optimizar recursos, evitando que ICE tenga que intervenir en cada caso que requiera acción, especialmente cuando la evidencia surge en una entrevista o revisión documental.
Uno de los puntos más sensibles es el efecto que este cambio podría tener sobre quienes buscan ajustar su estatus hacia la residencia permanente. La posibilidad de que USCIS pueda ordenar detenciones o iniciar procedimientos de remoción en el mismo contexto de una entrevista podría generar un clima de temor en algunos solicitantes. Personas con situaciones migratorias complejas o con errores no intencionales en sus solicitudes podrían optar por no presentarse a entrevistas, retrasar trámites o desistir de beneficios a los que en realidad tienen derecho, por miedo a ser deportadas. Este fenómeno podría, paradójicamente, obstaculizar los objetivos de regularización ordenada y transparente.
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Aunque el memorando no enumera casos específicos, su redacción permite actuar en un amplio rango de escenarios. Entre los más claros se incluyen la presentación de documentos falsos o alterados en cualquier tipo de solicitud migratoria, declaraciones falsas bajo juramento en entrevistas o formularios, matrimonios simulados para obtener beneficios migratorios, reingreso ilegal después de una deportación, participación en redes de fraude migratorio como venta de evidencias falsas o cartas de apoyo fabricadas, uso indebido de programas humanitarios mediante información fraudulenta y conexiones con actividades criminales graves descubiertas en el proceso de una solicitud.
Desde una perspectiva estratégica, esta delegación puede verse como un intento del Departamento de Seguridad Nacional de aumentar la eficacia de la aplicación de la ley y disuadir el fraude. Sin embargo, el reto está en el equilibrio. La confianza entre la comunidad migrante y USCIS siempre ha sido un factor determinante para que las personas participen en procesos legales de regularización. Convertir a la agencia en un ente con doble rol, procesador de beneficios y ejecutor de arrestos, podría erosionar esa confianza si no se establecen salvaguardas claras.
La transparencia en los criterios de actuación, el entrenamiento especializado del personal y una comunicación clara hacia el público serán claves para evitar que esta medida termine produciendo más miedo que orden. En última instancia, el éxito de esta delegación dependerá de que USCIS ejerza su nueva autoridad con criterio, proporcionalidad y un enfoque que distinga entre quienes cometen fraude intencionalmente y quienes, por desconocimiento o error, presentan irregularidades menores en sus casos.
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