A finales de 2021, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) estaba al borde del colapso institucional. Los controles internos habían desaparecido de sus dos ejes medulares —el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la provisión de utilería (uniformes y útiles)— y las anomalías se multiplicaban: proveedores que servían almuerzos sin contratos validados por la Contraloría General de la República, más de 2, 100 expedientes que hubo que legitimar a contrarreloj y asignaciones de raciones concedidas por simple vía administrativa, sin el acto formal del Comité de Compras y Contrataciones. Enfrentar aquel desorden exigió una labor titánica desde el primer día.
El proceso de adquisición de uniformes estaba también a la deriva, con el riesgo real de que miles de estudiantes de escasos recursos iniciaran el año lectivo sin indumentaria. Paralelamente, cerca de 900 suplidores del Programa de Jornada Escolar Extendida acumulaban deudas desde agosto de 2021, lo que amenazaba la continuidad del servicio. Solo después de una extenuante depuración contractual se pudieron liberar los primeros pagos hacia finales del primer trimestre de 2022.
La herencia incluía prácticas todavía más preocupantes. Se habían adjudicado contratos con “raciones cero”, es decir, se seleccionaban empresas a las que jamás se les asignaron entregas reales. Llovían impugnaciones contra los procesos de compra y se detectaron asignaciones de raciones a suplidores que ni siquiera figuraban como adjudicatarios. Tales irregularidades reflejaban la opacidad y carencia de rigor técnico que dominaban las licitaciones.
El caos era sistémico. El departamento de compras funcionaba sin archivos y sin protocolos; no existía documentación básica sobre procesos, políticas ni procedimientos; abundaban errores graves en el sustento de los libramientos; los conduces de entrega carecían de trazabilidad y el área jurídica, lejos de ejercer autonomía, obedecía a intereses externos que condicionaban sus dictámenes. Todo esto se agravaba con una cultura institucional fragmentada, esto es, las unidades operaban como compartimentos estancos, ajenas unas de otras.
Frente a semejante panorama, la gestión que asumió a finales de 2021 impulsó un plan de choque administrativo, financiero y operativo. Primero, estableció consultas semanales con la CGR y la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) para sanear contratos y redireccionar las licitaciones conforme a la ley. Por primera vez se socializaron en público los pliegos del almuerzo escolar 2022-2023 y se creó una mesa técnica con la DGCP que garantizó transparencia y eliminó cláusulas discrecionales.
La intervención interna del INABIE dio luego un salto decisivo. En diciembre de 2024 se aprobó una estructura más funcional que añadió las direcciones estratégicas de Comunicaciones, Recursos Humanos y Tecnologías de la Información y Comunicación, lográndose separar en calidad de direcciones a la unidad Financiera de la Administrativa. Cada departamento y división quedó claramente vinculado a sus atribuciones legales, con controles cruzados que cerraron grietas de responsabilidad. Entre las unidades de apoyo resalta la nueva Dirección de Compras y Contrataciones, pieza clave en una institución que maneja algunos de los procesos licitatorios más voluminosos del Estado.
En el ámbito sustantivo se llevó a cabo una separación técnica entre Salud y Nutrición y Gestión Alimentaria, incorporándose a esta última un Departamento de Gestión de la Calidad que refuerza la supervisión y mejora continua. A la par, la Dirección de Servicios Estudiantiles se reconfiguró para integrar el Departamento de Utilería Escolar, unificando la logística de uniformes y útiles bajo una sola coordinación y reduciendo tiempos de entrega.
La modernización no quedó en el papel. Se desplegó un cuerpo de supervisores de campo que certifica in situ la distribución de raciones, y cada entrega queda registrada digitalmente por escuela, lo que facilita la trazabilidad y permite detectar desvíos en tiempo real. Los plazos de pago a proveedores, antes de hasta ocho meses, bajaron a menos de 60 días, y los expedientes se gestionan ahora a través de un sistema integrado que enlaza finanzas, compras y control de calidad.
Estas reformas ordenaron funciones internas, transparentaron los procesos y sentaron las bases de una gobernanza orientada a datos, eficiencia y rendición de cuentas. El INABIE demuestra así que la modernización institucional no es un lujo, sino el cimiento indispensable para asegurar que cada ración, cada uniforme y cada peso público lleguen a su destino con la oportunidad y la calidad que merece la comunidad estudiantil dominicana.
Puede parecer paradójico, pero es totalmente lógico que muchos de los críticos de hoy guardaran entonces un silencio absoluto. No se trataba de prudencia ni de ignorancia, sino de cálculo, esto es, se alimentaban de la telaraña administrativa que convertía cada fisura de control en un manantial de privilegios. En ese ambiente florecieron pactos opacos que anteponían el lucro al derecho de los estudiantes, y un mínimo destello de transparencia bastaba para poner en jaque el entramado que los sostenía.
Como testigos directos, podemos sostener que la llegada de Víctor Castro desmanteló esa zona gris. Hay evidencia de sobra para demostrar que, bajo su conducción durante casi cuatro años, el INABIE comenzó a moverse por los cauces de la ley, la modernización y la rendición de cuentas. Lo que hoy molesta a ciertos detractores no es el estruendo de la ineficiencia, sino la luz que finalmente la disipó.
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