El abogado penalista Miguel Valerio afirmó este miércoles que el proceso judicial que involucra a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge (La Torita) continúa en investigación y subrayó que no aceptarán una conciliación, ya que, a su juicio, un simple perdón no es suficiente.
“La conciliación no la aceptamos porque tiene por objeto que todo se quede así, pedir perdón, y hemos dicho que el perdón no es suficiente”, sostuvo Valerio durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo.
El jurista explicó que el proceso se encuentra en etapa de investigación, con una medida de coerción ya dictada por un juez, y que el Ministerio Público tiene un plazo de seis meses para presentar la acusación formal. Precisó que, si se busca llegar a un acuerdo, este deberá darse dentro del marco del proceso mediante un penal abreviado que implique sanción real.
Valerio recordó que este tipo de casos se clasifican como de acción pública a instancia privada, lo que permite retirar la querella hasta llegar al juicio de fondo, aunque en esta ocasión enfatizó que no se limitarán a aceptar un simple perdón: “Tú no puedes agarrar y ofender a diario a una persona y pensar que esa persona se va a quedar así”, afirmó.
El abogado también destacó la labor de Raful en su gestión, señalando que ha asumido roles incómodos al intentar poner orden en la sociedad, especialmente en lo que respecta al respeto de normas cívicas, como la regulación del ruido.
Valerio abordó además la diferencia entre periodistas y creadores de contenido digital, indicando que los primeros están regulados y tienen derecho a rectificarse o aclarar, mientras que los youtubers no: “No se puede seguir saltando la ley. Antes a un periodista se le exigía aclarar o rectificarse; hoy cualquiera agarra un micrófono y una cámara, pero no se le puede dar a la libertad el espacio del libertinaje”, advirtió.
En relación con la despenalización de la difamación, el jurista expresó su rechazo y consideró necesario mantener sanciones penales para quienes cometen este delito de manera reiterada, con la posibilidad de multas en la primera infracción y sanción penal en casos de reincidencia.
Asimismo, Valerio se refirió al nuevo Código Penal, señalando que el artículo 10, que regula ultrajes y difamación, debe interpretarse según el contexto y las pruebas disponibles, limitando la tipificación a amenazas concretas que afecten la integridad de los funcionarios públicos.
Finalmente, el abogado insistió en que la justicia debe equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad, asegurando que nadie quede impune frente a ataques reiterados o difamaciones, y destacó la trayectoria y carisma de Raful como factores que generan tanto apoyo como críticas en la esfera pública.
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