El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó este lunes sobre el preocupante aumento de muertes por intervención policial, reportadas como “intercambios de disparos”, las cuales, según estándares internacionales, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, acompañado de sus homólogos Juan Temístocles Montas, Zoraima Cuello y el miembro del Comité Político Domingo Jiménez Reyes, presentó cifras que reflejan un aumento del 195% en muertes por intervención policial en los últimos cuatro años.
El PLD advirtió que en los últimos meses se registraron alrededor de 50 muertes en hechos que podrían vulnerar derechos humanos, cifra que llegó a 82 casos solo en julio, mientras el Gobierno reporta una tasa de homicidios en un dígito (7.9 en mayo y 8.22 en julio de 2025).
“El incremento de muertes bajo el argumento de ‘intercambios de disparos’ envía un mensaje alarmante y pone en riesgo el derecho a la vida y al debido proceso”, señaló Lorenzo, destacando que el Informe 2024 del Departamento de Estado de EE. UU. ya había documentado casos de homicidios arbitrarios por agentes estatales.
El PLD exigió investigaciones penales independientes, aplicando el Protocolo de Minnesota de la ONU, con garantías de verdad, justicia, reparación y cadena de custodia. Asimismo, pidió la suspensión inmediata de los agentes involucrados mientras duren las pesquisas y la preservación de todas las evidencias, incluyendo grabaciones y cámaras corporales, cuyo uso debería ser obligatorio y con sanciones por manipulación o apagado durante operativos.
Entre sus propuestas, el partido solicitó la creación de un tablero mensual de uso de la fuerza con registro de disparos, heridos y fallecidos, denuncias y estado procesal por provincia y unidad, así como una Comisión Especial de Seguimiento a Muertes por Intervención Policial con facultad de audiencias públicas y publicación de partes técnicos en 72 horas.
El PLD también propuso capacitación y recertificación de las unidades de mayor letalidad en uso diferenciado de la fuerza, desescalada y armas no letales, con asistencia técnica internacional de la CIDH y la ONU para elevar los estándares de rendición de cuentas.
“Exigimos verdad, justicia y garantías de no repetición. Ninguna política pública debe medir su éxito por la cantidad de ‘abatidos’, sino por la reducción sostenible del delito dentro del marco constitucional”, concluyó Lorenzo.
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