Santo Domingo, 8 de septiembre de 2025. – A más de un año del vencimiento del plazo legal, seis diputados dominicanos siguen sin presentar su declaración jurada de patrimonio, pese a ser un requisito constitucional establecido por la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de Funcionarios y Servidores Públicos, según reportes oficiales de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
CONTEXTO LEGAL
La Ley 311-14, promulgada en 2014, establece que todos los funcionarios públicos –incluidos senadores y diputados– deben presentar su declaración jurada de bienes dentro de los 30 días posteriores a asumir el cargo, así como al cesar o ser ratificados. El incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas, penales y civiles.
INCUMPLIMIENTO ACTUAL
De acuerdo con la actualización más reciente de la Cámara de Cuentas (septiembre 2025), los siguientes diputados permanecen en falta:
Ángel María Sánchez (PRM)
Carlos José Gil (Fuerza del Pueblo)
Enriqueta Rojas (Fuerza del Pueblo)
José Luis Rodríguez Hiciano (PRM)
Melvin Alexis Lara (PRM)
Sergio “Gori” Moya (PRM)
El plazo venció el 16 de septiembre de 2024, por lo que la mora supera ya el año.
En junio pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aclaró que de los 133 legisladores inicialmente señalados, la mayoría correspondía a exdiputados salientes, y que solo quedaban unos 33 en falta. Aun así, advirtió que se retendrían los salarios a quienes persistieran en incumplimiento, medida que todavía no ha sido aplicada de forma generalizada.
SANCIONES PREVISTAS
La Ley 311-14 contempla diversas consecuencias:
Retención de salarios hasta que se regularice la situación.
Prisión de 1 a 2 años y multas de 20 a 40 salarios mínimos por omisión o falseamiento de datos.
En casos de enriquecimiento ilícito, penas de 4 a 10 años de cárcel, multa equivalente al doble del incremento patrimonial no justificado y 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
IMPLICACIONES
La persistencia de legisladores en incumplimiento debilita la transparencia y la rendición de cuentas, obstaculizando la lucha contra la corrupción y sentando un precedente preocupante para la institucionalidad democrática del país.
