Cuatro dominicanos aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude informático, robo de datos personales y suplantación de identidad, delitos dirigidos principalmente contra personas de la tercera edad. Estas acciones fueron desmanteladas durante una operación conjunta entre las autoridades dominicanas y norteamericanas.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Francisco Jerez Mena, dispuso la extradición de Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, José Francisco León y Joel José Cruz Rodríguez.
El tribunal, integrado además por los jueces Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, registró en acta la aceptación de los acusados de trasladarse voluntariamente a EE. UU. para enfrentar los cargos.
Asimismo, los jueces encomendaron a la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la decisión, conforme a la Constitución y las leyes vigentes sobre extradición.
La corte también dictó prisión preventiva para los cuatro hombres, quienes permanecerán recluidos en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Rafey, en Santiago, y de Puerto Plata, hasta que el presidente Luis Abinader firme el decreto que autorice su extradición.
Durante la audiencia, el director del Departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría, Osvaldo Bonilla, y la fiscal Elvira Rodríguez solicitaron prisión preventiva para el grupo hasta completar el proceso de extradición.
La operación Discovery 3.0
La operación Discovery 3.0 es la tercera de su tipo ejecutada por el Ministerio Público en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. La investigación, que duró más de dos años, reveló que la red operaba desde call centers clandestinos en la República Dominicana.
Según la acusación, los estafadores, conocidos como “abridores”, contactaban a personas mayores en EE. UU., haciéndose pasar por sus nietos o hijos y solicitando dinero para supuestos accidentes de tránsito. Posteriormente, los “cerradores” se presentaban como abogados o agentes de policía para convencer a las víctimas de entregar miles de dólares en efectivo para “ayudar” a sus familiares.
Las operaciones anteriores, Discovery y Discovery 2.0, ya habían desmantelado redes similares que estafaron a jubilados estadounidenses, despojándolos de sus ahorros.
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