La condena a siete años de prisión impuesta a Alexis Medina por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores trasciende el simple ámbito judicial. Es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de un Estado expuesto a la captura por intereses privados enquistados en las estructuras de poder. Los delitos, cometidos entre 2012 y 2020, coinciden con el período en que su hermano Danilo Medina ocupaba la presidencia, lo que plantea inevitables interrogantes sobre el uso y abuso de la cercanía al poder político para obtener beneficios ilícitos. Al mismo tiempo, proyecta una sombra sobre la vigencia política de un expresidente cuyos familiares directos se han visto implicados en escándalos de corrupción tan bochornosos como millonarios, minando la confianza ciudadana en las instituciones y en la integridad de la representación democrática.
El fallo, además de la pena privativa de libertad, impone el pago de RD$500 millones en reparación al Estado y prohíbe que las empresas vinculadas al condenado vuelvan a contratar con el sector público. Estas medidas son necesarias, pero resultan insuficientes si el objetivo es erradicar el patrón estructural que permite que redes de corrupción operen impunemente hasta que un cambio político o una coyuntura mediática las expone.
La sentencia tuvo un elemento que genera debate. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió a Carmen Magaly Medina Sánchez, hermana del expresidente, y descargó a Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, al entender que no existían pruebas suficientes para condenarlos. Para el Ministerio Público, esta decisión es un error de apreciación de la prueba. El director general de Persecución, Wilson Camacho, afirmó que se trata de una sentencia con luces y sombras. Señaló que apelarán los descargos por considerarlos contrarios a las pruebas presentadas y rechazó la observación de las juezas de que parte de la evidencia no correspondía al caso, asegurando que todas las teorías de la acusación fueron probadas.
El Ministerio Público había solicitado veinte años de prisión para Alexis Medina, alegando un fraude al Estado que superaba los cinco mil millones de pesos. El tribunal impuso menos de la mitad, pero aun así envía una señal importante. Las conexiones familiares con el poder ya no garantizan inmunidad absoluta. Sin embargo, la reducción de la pena y la absolución de trece imputados muestran las limitaciones del proceso probatorio y la dificultad de armar expedientes sólidos que resistan la defensa técnica de acusados con recursos y contactos.
La percepción ciudadana sobre estos procesos es un factor que no puede ignorarse. La desconfianza creciente hacia la representatividad política se alimenta no solo de la corrupción en sí, sino también de su gestión judicial. Cuando casos emblemáticos se resuelven con tibieza, fallas procesales o decisiones que parecen favorecer a los más poderosos, el daño a la credibilidad institucional puede ser mayor que el beneficio de una condena parcial. La democracia dominicana necesita un sistema acusatorio que no deje espacio a la impunidad técnica, porque la justicia percibida como débil o parcial no solo erosiona la fe en las instituciones, sino que también refuerza el cinismo y la apatía política.
Más allá del caso en sí, esta sentencia deja tres lecciones centrales.
La primera es que la justicia dominicana puede actuar contra figuras de alto perfil, aunque su eficacia depende de la independencia real de jueces y fiscales, algo que aún debe blindarse frente a presiones políticas y económicas.
La segunda es que la lucha contra la corrupción no se gana solo en los tribunales y que se requiere una reforma integral de los sistemas de compras (la nueva ley promulgada parece apuntar a eso), supervisión y auditoría para cerrar los vacíos legales que hoy permiten el tráfico de influencias y el desvío de fondos públicos.
La tercera y quizá la más difícil es que, sin una transformación cultural que rechace el clientelismo y premie la transparencia, cada victoria judicial será apenas un paréntesis antes del próximo escándalo. El pueblo dominicano, siempre expuesto a casos de corrupción sin un desenlace ejemplar, muestra una mezcla de indiferencia, apatía y desinterés hacia los resultados de estos procesos. Esta actitud no es fortuita, sino el reflejo de una confianza quebrantada en las instituciones democráticas, una desafección que erosiona la participación ciudadana y abre espacio para que la impunidad se normalice.
El caso de Alexis Medina quedará como un hito, pero también como una advertencia. La corrupción de alto nivel se comporta como una hidra que, al perder una cabeza, ve surgir otras dispuestas a ocupar su lugar. Si el país no convierte esta condena en un punto de inflexión para reformar el sistema, estaremos celebrando sentencias sin cambiar las causas que las hacen necesarias. En ese escenario no habría justicia auténtica, sino un ritual de autocomplacencia nacional.
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