Por: Néstor Saldívar
Ayer, la secretaria del Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó un memorando de entendimiento con Argentina para reencaminar a ese país hacia su reintegración al Programa de Exención de Visado de Estados Unidos, conocido en inglés como Visa Waiver Program (VWP). Una vez finalizado el proceso de evaluación técnica y de seguridad, este acuerdo permitiría que ciudadanos argentinos puedan viajar a Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de visa, utilizando únicamente una autorización electrónica llamada ESTA, que significa Electronic System for Travel Authorization (Sistema Electrónico de Autorización de Viaje).
Frente a este anuncio, la pregunta se impone de manera inevitable: ¿por qué Argentina, que ya había salido del programa en 2002, se encamina a regresar, mientras que República Dominicana, a pesar de tener más de dos millones de sus nacionales residiendo en EE. UU., ni siquiera entra en conversación?
Para responder esto hay que abandonar la percepción de que el acceso al programa de exención de visados depende de afinidades diplomáticas, relaciones históricas o volumen de intercambio comercial. El ingreso al VWP no es político: es técnico. Estados Unidos establece requisitos estrictos y no negociables que un país debe cumplir para ser considerado elegible, entre ellos una tasa de rechazo de visas de visitante inferior al 3 %, pasaportes electrónicos con estándares biométricos avanzados, acuerdos de cooperación en seguridad y antiterrorismo y una tasa de estadías ilegales, los llamados overstays (sobreestadía), inferior al 1 %.
Y es en esos indicadores donde República Dominicana está profundamente rezagada. Empecemos por las tasas de rechazo de visas de paseo. En 2023, más del 30 % de los solicitantes dominicanos de visa B1/B2 fueron rechazados. En años anteriores, esa cifra ha oscilado incluso entre el 40 y el 50 %. Para ponerlo claro: uno de cada tres dominicanos que solicita una visa para ir a Estados Unidos por negocios o turismo es rechazado por el Departamento de Estado. Este dato por sí solo excluye al país del requisito técnico del VWP, pero no es el único.
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Otro factor decisivo es la tasa de overstays. Estados Unidos mide cuántas personas, después de entrar legalmente al país con una visa válida, no se van en el tiempo autorizado. En otras palabras, personas que no cruzaron la frontera ilegalmente, sino que se quedaron cuando su estatus expiró. En el caso de República Dominicana, los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del año fiscal 2018 muestran que el 3.18 % de los dominicanos que ingresaron con visa B1/B2 no salieron del país en el tiempo permitido. Esa cifra triplica el límite del 1 % que exige el programa. Y lo más preocupante es que esta no es una cifra aislada. El promedio reciente de overstay entre los países que no forman parte del VWP, grupo al que pertenece República Dominicana, fue de aproximadamente 3.04 % en 2023, lo que indica que el problema no ha sido corregido con los años. Esta no solo representa un porcentaje estadísticamente alto, sino que también pone en evidencia un patrón que preocupa a las autoridades estadounidenses: el uso sistemático de la visa B1/B2 para entrar como turista y quedarse de forma irregular.
En otras palabras, los dominicanos están sobreutilizando una vía legítima de entrada para fines no autorizados, lo que erosiona la confianza del sistema en el uso correcto del visado. Este comportamiento pesa más que cualquier alianza histórica o cercanía cultural. No es una especulación, es un hecho medido, documentado y publicado por el propio gobierno de Estados Unidos.
Además, la modernización de los pasaportes dominicanos es un tema pendiente. Aunque desde hace años se emiten pasaportes con chip electrónico, no toda la población los posee y el sistema de verificación fronteriza aún no alcanza los niveles de interoperabilidad exigidos por el DHS. A eso se suma que los acuerdos de intercambio de información sobre terrorismo, antecedentes criminales y vigilancia migratoria, requeridos como parte del programa, no se encuentran firmados ni operativos en su totalidad entre República Dominicana y Estados Unidos.
El caso argentino no solo es revelador por su progreso reciente, sino porque demuestra que sí es posible volver al radar del VWP tras haber estado fuera. Pero para ello se necesita voluntad institucional, consistencia estadística, reformas documentales, cooperación internacional y una estrategia nacional seria, que entienda que este no es un tema de relaciones públicas sino de cumplimiento riguroso de parámetros.
Si República Dominicana lograra algún día cumplir con esos criterios, el beneficio sería monumental. Millones de dominicanos que hoy deben pagar $185 por una visa y enfrentar un proceso incierto y engorroso podrían viajar sin esa barrera, como lo hacen hoy los ciudadanos de países como Corea del Sur, Australia o España. Las visitas familiares, el turismo, los viajes médicos y los eventos académicos y deportivos se harían más fluidos. Pero junto con la ventaja viene también la responsabilidad: garantizar que quienes viajan retornen en el tiempo establecido y que el país mantenga una política migratoria externa confiable, documentada y consistente.
Por ahora, los números no mienten: República Dominicana no califica. Mientras la tasa de rechazo de visas supere el 30 % y la tasa de overstays esté tres veces por encima del umbral exigido, no hay acuerdo, lobby ni afinidad política que puedan abrir la puerta al programa. La verdadera conversación debe comenzar en casa, en nuestras instituciones, en nuestras estadísticas y en el uso responsable de los privilegios migratorios.
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