Por: Francis Castro Melo, Economista experto en ciencia de datos y en diseño y evaluación de políticas públicas.
En tiempos donde la confianza en las instituciones públicas se ve amenazada por casos frecuentes de corrupción, las universidades, especialmente las públicas, tienen un rol estratégico que va mucho más allá de su mandato misional: la enseñanza. Pueden y deben convertirse en espacios de hipervigilancia cívica y control social, aprovechando su capacidad técnica y tecnológica en pro del bien colectivo. Una forma concreta de hacerlo es a través del diseño y creación de observatorios ciudadanos universitarios para el seguimiento del gasto público.
Estos observatorios son unidades académicas —interdisciplinarias— orientadas a seguir, monitorear e incluso evaluar la ejecución del erario. Analizan presupuestos y compras públicas, utilizando metodologías empíricas mediante la ingesta de los datos disponibles en portales de transparencia institucional. Son una forma de democratizar el acceso a la información pública, empero de manera especial, de formar ciudadanía activa.
Lo interesante es que combinan la experticia de los docentes con el entusiasmo de los estudiantes. Jóvenes de carreras como economía, contabilidad, administración pública, ciencias políticas, derecho, informática entre otras, pueden involucrarse en tareas de veeduría social, análisis presupuestario, visualización de datos y elaboración de informes técnicos. De este modo, “aprenden haciendo”, mientras aportan valor a su comunidad.
Ya existen casos exitosos en países como Colombia, México, Brasil y Argentina, donde universidades públicas han desarrollado observatorios enfocados en la vigilancia del gasto en los gobiernos locales, la inversión social o la transparencia en los fondos destinados a la educación preuniversitaria. En todos los casos, se ha comprobado que la presencia académica ayuda a elevar los estándares de integridad en la gestión pública, además de empoderar a las comunidades a exigir rendición de cuentas. Lo interesante es que combinan la experticia de los docentes con el entusiasmo de los estudiantes. Jóvenes de carreras como economía, contabilidad, administración pública, ciencias políticas, derecho, informática entre otras, pueden involucrarse en tareas de veeduría social, análisis presupuestario, visualización de datos y elaboración de informes técnicos. De este modo, “aprenden haciendo”, mientras aportan valor a su comunidad.
Ya existen casos exitosos en países como Colombia, México, Brasil y Argentina, donde universidades públicas han desarrollado observatorios enfocados en la vigilancia del gasto en los gobiernos locales, la inversión social o la transparencia en los fondos destinados a la educación preuniversitaria. En todos los casos, se ha comprobado que la presencia académica ayuda a elevar los estándares de integridad en la gestión pública, además de empoderar a las comunidades a exigir rendición de cuentas. Porque si el conocimiento no sirve para mejorar la vida de los dominicanos más necesitados, ¿para qué sirve?