Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos asestó este miércoles un nuevo revés al presidente Donald Trump, al declarar inconstitucional su decreto que buscaba eliminar la ciudadanía automática por nacimiento. Además, mantuvo el bloqueo nacional que impide su aplicación.
La decisión, adoptada con una votación de 2 a 1 por el Noveno Tribunal de Apelaciones, con sede en San Francisco, respalda una medida cautelar emitida por un juez federal en Seattle tras una demanda presentada por varios estados liderados por demócratas.
La Corte Suprema había ordenado recientemente a los tribunales revisar esas medidas para verificar que no fueran más amplias de lo necesario. Sin embargo, el tribunal de apelaciones concluyó que la orden judicial preliminar que detuvo el decreto es válida y necesaria.
“El tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una orden judicial universal para garantizar un alivio completo a los estados”, escribió el juez Ronald Gould, quien fue designado por el expresidente Bill Clinton.
Gould sostuvo que una medida cautelar limitada geográficamente no evitaría los daños irreparables a los estados demandantes, que se verían obligados a modificar sus sistemas de verificación para servicios sociales.
Esta es la primera vez que un tribunal de apelaciones concluye formalmente que el decreto de Trump es inconstitucional. El gobierno podría solicitar una revisión ante el pleno del Noveno Circuito o apelar directamente ante la Corte Suprema.
“Negar la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”, añadió Gould en una opinión apoyada por el juez Michael Hawkins, también nombrado por Clinton.
El fallo cita como base la Cláusula de Ciudadanía de la Constitución, el histórico caso Estados Unidos v. Wong Kim Ark (1898), y décadas de precedentes del Poder Ejecutivo.
El decreto de Trump ya había sido bloqueado a nivel nacional tras una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Un juez federal en Nueva Hampshire prohibió su aplicación a cualquier bebé afectado, reforzando la suspensión.
El juez Patrick Bumatay, designado por Trump, disintió parcialmente, al considerar que los estados no tenían legitimación legal para demandar. Por eso, opinó que era prematuro entrar en el fondo del caso.
El primer juez en bloquear el decreto fue John Coughenour, nombrado por Ronald Reagan, quien a finales de enero calificó la medida como “abiertamente inconstitucional”.
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