El Ministerio Público solicitó formalmente a la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la variación de la medida de coerción impuesta a Johanna del Carmen Madera de Stanley, condenada por ciberdelitos, alegando que ha continuado cometiendo nuevos hechos delictivos pese a su condena por suplantar la identidad de la señora Karla Fitch.
La instancia propone imponer prisión preventiva en sustitución de la actual medida de impedimento de salida del país y garantía económica.
El órgano persecutor recordó que Madera de Stanley fue condenada en noviembre de 2024 a tres años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras comprobarse que suplantó la identidad de Fitch para amenazar a padres del Colegio Mundo Creativo de Montessori, provocando temor y la movilización de fuerzas de seguridad en el centro educativo.
Sin embargo, tan solo tres meses después de esa sentencia, el Ministerio Público judicializó un nuevo caso en su contra, por presuntamente haber amenazado de muerte al presidente de la República y a los comunicadores Jaime Rincón y Julio Manuel Sierra, utilizando nuevamente la identidad de Fitch.
La solicitud de variación también se fundamenta en una tercera acción atribuida a Madera de Stanley: según el expediente, habría pagado a la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez para ejecutar una campaña de difamación e injuria contra el actual procurador adjunto Iván Féliz Vargas, responsable de la investigación que derivó en su primera condena. De acuerdo con el Ministerio Público, Ingrid Jorge admitió públicamente haber actuado bajo instrucciones y con recursos suministrados por la imputada.
En vista de esta reiteración delictiva y del cambio sustancial en los presupuestos que justificaron medidas menos gravosas, el Ministerio Público invocó el artículo 238 del Código Procesal Penal, solicitando que se le imponga prisión preventiva en el Centro Penitenciario Najayo Mujeres.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos tecnológicos y la protección de las instituciones, y pidió a la Corte de Apelación acoger la solicitud en defensa del interés público.
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