El Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Consejo Nacional de Drogas (CND), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) firmaron este jueves un acuerdo de cooperación interinstitucional para la implementación del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (TSJ).
El acto estuvo encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Henry Molina, y tiene como objetivo promover la rehabilitación y reinserción social de personas con consumo problemático de drogas, mediante un enfoque integral basado en la justicia terapéutica.
La firma del documento fue realizada por Jhonattan Toribio Frías, director general de Administración y Carrera Judicial, en representación del Consejo del Poder Judicial; la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah Lajam; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro De Jesús Abreu; el director ejecutivo del SNS, Mario Lama Olivero; el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos; y el director ejecutivo del COIN, Santo Rosario Ramírez.
Al dirigirse a los presentes, el magistrado Henry Molina afirmó que el acuerdo representa un compromiso colectivo con la dignidad humana, la rehabilitación en lugar de la exclusión, y con una justicia que «escucha, acompaña y transforma».
“Sabemos que detrás de cada caso hay una historia, y que muchas veces la respuesta más justa no es la cárcel, sino la intervención temprana, el tratamiento y el acompañamiento bajo supervisión judicial”, expresó.
En esa línea, subrayó que las personas con consumo problemático de sustancias no deben ser tratadas como criminales, sino como seres humanos afectados por el dolor, la exclusión y la falta de oportunidades.
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De su lado, la procuradora Yeni Berenice Reynoso destacó la relevancia del acuerdo para muchos jóvenes que necesitan atención en salud mental, así como para un sistema de justicia cuyo fin, conforme a la Constitución, es reinsertar al individuo en la sociedad.
Valoró además el cambio de visión del Ministerio Público, que actualmente «no procesa consumo a nivel nacional».
“Algunas personas dicen: ‘hay un caso de consumo’. No; puede que haya consumo, pero vinculado a otros delitos, como armas de fuego, violencia de género o hechos con otras connotaciones”, precisó.
Por su parte, Alejandro Abreu calificó el tema de las drogas como “complejo” y una amenaza para la estabilidad familiar, razón por la cual propuso implementar un sistema de indicadores para medir el impacto del acuerdo. Aseguró que este beneficiará a muchas personas en proceso de rehabilitación.
El acuerdo establece la intervención de equipos profesionales de salud mental y trabajo social, bajo la supervisión de un tribunal y con la participación del fiscal y la defensa, garantizando el respeto de los derechos humanos y la protección de personas imputadas por delitos menores, en situación de vulnerabilidad por consumo de drogas.
Este convenio se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y el derecho de acceso a la justicia, y busca fomentar la integración familiar, el bienestar social y una justicia más inclusiva, en sintonía con el primer eje del Plan Estratégico del Poder Judicial.
Asimismo, promueve que los procesos judiciales se resuelvan en el menor tiempo posible, evitando la revictimización y respetando la dignidad de todas las partes.
El Poder Judicial, a través de jueces y juezas de instrucción y de ejecución de la pena, desempeñará un papel clave en la celebración de audiencias y en la supervisión del cumplimiento de los tratamientos, garantizando un enfoque conforme a los derechos humanos y la normativa vigente.
El acuerdo contempla la designación de personal técnico para su implementación y seguimiento, en un plazo de 30 días posterior a la firma.
Su base es la justicia terapéutica, entendida como el «estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales sobre el comportamiento, las emociones y la salud mental de las personas».
Esta iniciativa reafirma el compromiso institucional de ofrecer alternativas humanas y eficaces para atender a personas en conflicto con la ley por delitos menores, priorizando el tratamiento médico y psicológico, en busca de una justicia más justa, inclusiva y digna.
El acto de firma, celebrado en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, contó con la presencia de los jueces del alto tribunal María Garabito Ramírez, Fran Soto Sánchez y Francisco Ortega; la magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional; así como jueces de otras instancias, fiscales, miembros de la comunidad jurídica y el representante de la OEA en el país, Esteban De La Torre Ribadeneira, entre otros invitados especiales.
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