Un juez federal en New Hampshire bloqueó este jueves la aplicación de una controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, una medida que habría afectado a hijos de inmigrantes indocumentados y estudiantes extranjeros.
El juez Joseph Laplante, del Tribunal de Distrito para el Distrito de New Hampshire, certificó como acción colectiva una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), permitiendo así que su decisión tenga efecto en todo el país. La medida protege a los bebés nacidos en territorio estadounidense a partir del 20 de febrero de 2025 que estarían sujetos a la orden ejecutiva.
“La sentencia es una gran victoria y ayudará a proteger la ciudadanía de todos los niños nacidos en Estados Unidos, como pretendía la Constitución”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
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La demanda fue presentada apenas horas después de que la Corte Suprema emitiera una sentencia que restringe la capacidad de los tribunales inferiores para dictar medidas cautelares de alcance nacional. En este nuevo contexto legal, las acciones colectivas emergen como la única vía efectiva para frenar políticas federales consideradas inconstitucionales.
La orden ejecutiva impulsada por Trump, que ha intentado durante años poner fin al principio constitucional de ciudadanía por nacimiento, no podía entrar en vigor hasta el 27 de julio, según había indicado la mayoría del Tribunal Supremo. Esa ventana permitió la presentación de acciones legales como la liderada por la ACLU.
Aunque la Corte Suprema no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de la orden, su fallo abrió la puerta para que varios estados comenzaran a implementarla. No obstante, la decisión de Laplante pone un freno a esos planes, al menos de manera temporal.
El juez, nombrado por el expresidente George W. Bush, también emitió una suspensión de siete días sobre su propia orden, otorgando así al gobierno federal la posibilidad de apelar.
Wofsy explicó que, aunque la demanda buscaba incluir también a los padres en el grupo protegido, el juez limitó la acción colectiva exclusivamente a los recién nacidos. Aun así, subrayó que la amenaza más grave era la posibilidad de que esos niños se convirtieran en “apátridas”.
La batalla legal por la ciudadanía por nacimiento continúa siendo uno de los puntos más sensibles en el debate migratorio estadounidense, con implicaciones profundas tanto constitucionales como humanitarias.
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