El sueño de ser ciudadano estadounidense ha sido durante casi dos siglos un pilar del ideal nacional. Poco importa el origen de un recién nacido si su nacimiento ocurre en territorio de los Estados Unidos, pues recibe automáticamente la ciudadanía gracias a la Enmienda Catorce de la Constitución. Este principio ha sido tan sólido que muchas familias alrededor del mundo han anhelado que sus hijos nazcan aquí para comenzar su vida con protección, oportunidades e identidad. Sin embargo, esa promesa está bajo una amenaza inédita tras una decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
El pasado 27 de junio de 2025 la Corte Suprema resolvió que los tribunales federales no pueden emitir medidas judiciales de alcance nacional para bloquear acciones del poder ejecutivo, salvo que esas medidas sean estrictamente necesarias para proteger a los demandantes directos del litigio. Esta decisión no determinó si la orden ejecutiva es constitucional o no, pero sí permitió suspender parcialmente los bloqueos previos contra la orden 14160, firmada el 20 de enero de 2025 por el presidente Donald J. Trump en su primer día del nuevo mandato. La orden establece que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes no recibirán la ciudadanía automática al nacer, como hasta ahora garantiza la Enmienda Catorce.
Luego del fallo, las órdenes judiciales emitidas por tribunales en Massachusetts, Maryland y Washington dejaron de tener efecto nacional y ahora protegen únicamente a los demandantes específicos en cada caso. En consecuencia, la orden ejecutiva de Trump sigue técnicamente detenida, pero ya no está bloqueada de forma uniforme en todo el país, lo que abre la posibilidad de que pueda aplicarse eventualmente en aquellos estados que no han presentado una demanda. El rumbo de esta historia depende ahora de cómo actúen los tribunales inferiores y del análisis constitucional que la Corte Suprema definirá en octubre de 2025.
Estados demandantes
Desde enero de 2025 interpusieron demandas federales 22 estados: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin, junto al Distrito de Columbia y diversas entidades como la ciudad de San Francisco, organizaciones nacionales y grupos de madres embarazadas.
En el año fiscal 2024 más de ochocientas mil personas fueron naturalizadas en Estados Unidos según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Entre los principales países de origen de los nuevos ciudadanos sobresalen México, India, Filipinas, República Dominicana, Cuba, Vietnam, China, El Salvador, Jamaica y Colombia. Este flujo demuestra la fuerza global de atracción que todavía conserva la ciudadanía estadounidense.
Riesgo de apatridia
Si un niño nace en EE.UU. y no obtiene la ciudadanía ni por sus padres ni por nacimiento y además el país de origen de sus padres no le otorga nacionalidad por nacer fuera de su territorio, ese niño podría quedar apátrida. Una persona sin nacionalidad vive en un limbo legal, sin acceso a derechos básicos y limitada en su protección consular, salud, educación y empleo. Varios tratados internacionales firmados por EE. UU. buscan evitar precisamente que esto ocurra.
Medidas después del fallo
Tras la decisión de la Corte, organizaciones como la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) promovieron demandas colectivas para buscar una protección que cubra a todos los nacidos en suelo estadounidense. En New Hampshire y Maryland presentaron demandas colectivas buscando frenar la aplicación efectiva de la orden, mientras los tribunales en esas jurisdicciones examinan si amplían las medidas cautelares. El Departamento de Justicia manifestó que no habrá deportaciones de recién nacidos hasta que no se aclare el alcance de la orden y que el fallo permite aplicar la orden si no existen medidas judiciales vigentes.
Esta batalla legal tiene fuertes consecuencias humanas. Niños nacidos en Estados Unidos podrían, dependiendo del estado, tener o no ciudadanía; familias enfrentarían incertidumbre legal inmediata. El ideal de igualdad consagrado en la Constitución estaría sometido a prueba. De esta decisión dependerá el futuro del sueño americano y si la nación sigue siendo un lugar donde la ciudadanía es un derecho garantizado por el solo hecho de nacer.
Tengo la convicción de que la Corte Suprema reafirmará, como lo hizo en su precedente de 1898 (United States v. Wong Kim Ark), que todo niño nacido en territorio estadounidense está amparado por el principio de ciudadanía por nacimiento que establece con claridad la Enmienda Catorce de la Constitución. Esto basado no solo porque es lo jurídicamente correcto, sino porque responde a lo humano, lo moral y lo necesario. Es una decisión que trasciende lo político y que se alinea con los principios fundamentales de justicia, armonía social, desarrollo sostenible y equilibrio global. El derecho a pertenecer no puede ser una moneda de poder. La ciudadanía, como acto de reconocimiento pleno a la dignidad humana, debe seguir siendo uno de los pilares que definen a Estados Unidos ante el mundo.
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