Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) alza su voz con
firmeza y compromiso ciudadano, al conmemorarse más de dos décadas de la
promulgación de la Ley No. 87-01 que dio origen al Sistema Dominicano de
Seguridad Social (SDSS).
La entidad señala que «Lejos de ser un instrumento de protección y justicia
social, esta ley ha devenido en un sistema excluyente, injusto, deshumanizado y
profundamente opaco.
Agrega que quienes con su esfuerzo y sudor sostienen el aparato productivo
nacional, «los trabajadores», continúan siendo los grandes olvidados.
Precisa que, mientras unos pocos han acumulado fortunas multimillonarias, la
mayoría lucha diariamente por acceder a servicios de salud dignos y por la
esperanza, cada vez más lejana, de una pensión justa al final de su vida laboral.
Máximo Calzado Reyes, vicepresidente ejecutivo de la entidad, señala que,
«Desde la FJT, denunciamos que tanto las Administradoras de Riesgos de Salud
(ARS) como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se han
convertido en emblemas de la desigualdad. Han sido ellas, y no los trabajadores,
las principales beneficiarias de un modelo que concentra riqueza en manos de
pocos, mientras deja a millones con las manos vacías».
Y se pregunta, ¿Cómo se explica que los afiliados, los legítimos dueños de los
recursos, reciban apenas migajas después de décadas de aportes obligatorios?
¿Cómo puede llamarse «seguro social» a un sistema donde la vejez se convierte
en una pesadilla, y la enfermedad en una sentencia de abandono?
El jurista advierte que más de cinco millones de trabajadores cotizan actualmente
en el sistema, muchos de ellos aferrados a la ilusión —vendida como promesa
por el propio Estado— de que, al llegar a los 60 años, recibirán una pensión
digna. Pero esa promesa ha resultado ser una falacia disfrazada de esperanza.
Las cifras no mienten. Las AFP manejan, a marzo de 2025, más de RD$1.15
billones de pesos. Un monto colosal que, en lugar de destinarse a garantizar una
vejez tranquila, ha engrosado los bolsillos de grupos empresariales que han
encontrado en las pensiones una mina de oro, mientras los trabajadores envejecen
sin certezas y sin salud.
En cuanto a las ARS, el panorama es igual de indignante. Solo en 2023,
generaron ingresos superiores a los RD$53,000 millones, con ganancias netas de
casi RD$4,000 millones, mientras miles de dominicanos enfrentaban barreras
para acceder a medicamentos, estudios diagnósticos y atenciones médicas
básicas.
Frente a esta realidad, resulta alentador que el ministro de Trabajo, Lic. Eddy
Olivares, haya reconocido públicamente que la Ley 87-01 “está rezagada en el
tiempo”, durante su intervención en el Tercer Foro sobre los retos de la
formalización laboral en Iberoamérica. Pero más que declaraciones, el pueblo
necesita acciones concretas.
Porque este es, quizás, el único caso en el que los verdaderos dueños del dinero
no tienen voz ni voto en el destino de sus recursos. En estos 24 años, las ARS y
AFP se han enriquecido obscenamente, mientras los trabajadores han perdido
salud, atención, cobertura y dignidad. Las pensiones que se entregan son tan
indignas, que no alcanzan ni para costear los medicamentos más básicos de una
persona mayor.
Por ello, desde la Fundación Justicia y Transparencia hacemos un llamado
urgente y enfático a los miembros de la Comisión de Seguridad Social del
Congreso Nacional: escuchen al pueblo, legislen con el corazón, reformen esta
ley que ha dejado de ser social y nunca fue segura. Además, es excluyente,
injusta y poco transparente
Finalmente, anunciamos que iniciaremos una cruzada nacional para exigir una
transformación real y profunda de la Ley No. 87-01. El pueblo dominicano
merece un sistema de seguridad social que sea justo, humano, equitativo y
verdaderamente solidario. Ha llegado la hora de acabar con la estafa legalizada y
construir un nuevo pacto social que dignifique la vida de cada trabajador
dominicano.
